La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) considera que la fortaleza institucional y la seguridad jurídica son factores determinantes para que Panamá pueda atraer nuevas inversiones y consolidarse como un destino competitivo para el capital nacional y extranjero. La organización señala que, al evaluar una inversión de largo plazo, las empresas no solo consideran la posición geográfica, la conectividad, la plataforma logística o la economía dolarizada, sino también la estabilidad de las reglas, el respeto a los contratos y la capacidad de las instituciones para responder de manera eficiente y transparente.
Panamá cuenta con fortalezas extraordinarias para competir por inversión, entre ellas una ubicación estratégica, conectividad global, una plataforma logística de alcance mundial, un sistema financiero desarrollado y una economía dolarizada. Sin embargo, APEDE advierte que para aprovechar plenamente estas ventajas el país necesita instituciones capaces de generar certeza, estabilidad y confianza.
Cuando las reglas son claras y las instituciones funcionan, las empresas invierten, reinvierten, generan empleo y se atreven a crecer. Cuando la confianza se deteriora, las decisiones se postergan, el capital actúa con mayor cautela y las oportunidades pueden trasladarse hacia otros destinos.
Los indicadores reflejan precisamente esta dualidad. En julio de 2026, el Nivel de Confianza Económica, medido por ELEMÉNTE, se ubicó en 8.1 sobre 10, manteniéndose en un rango alto, mientras que el 22% de las empresas prevé aumentar su planilla durante los próximos doce meses. Son señales positivas, aunque acompañadas de cautela. En ese mismo período, la proporción de empresas que espera incrementar sus ventas disminuyó de 61% en junio a 52% en julio.
La lectura de estos resultados refleja un escenario en el que existe confianza, pero también prudencia frente al futuro. Esta percepción termina influyendo directamente en las decisiones de inversión, contratación y crecimiento empresarial.
Al analizar la calidad institucional del país, surgen señales que requieren especial atención. En el Índice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project, Panamá obtuvo una puntuación de 0.52 sobre 1, ubicándose en la posición 73 de 143 países y en el puesto 14 de 32 economías de América Latina y el Caribe.
Los resultados por componentes muestran desafíos importantes. Mientras Panamá ocupa la posición 49 a nivel mundial en gobierno abierto, se ubica en los puestos 87 en justicia civil, 93 en ausencia de corrupción y 105 en justicia penal. Para APEDE, estos resultados evidencian que la administración de justicia constituye una de las principales áreas en las que el país debe avanzar.
Ante este escenario, la Asociación ha tomado la iniciativa de crear el Observatorio APEDE de Transparencia Judicial, como parte de su contribución al fortalecimiento institucional del país.
Otros indicadores también muestran espacio para mejorar. En el Índice de Libertad Económica 2026, Panamá obtuvo 64.9 puntos y ocupó la posición 63 entre 184 economías, frente al puesto 56 alcanzado un año antes. Por su parte, el Índice de Calidad Institucional 2026 ubica a Panamá en el puesto 57 en instituciones económicas y en el 75 en instituciones políticas.
Estas brechas confirman la necesidad de fortalecer la justicia, combatir la corrupción y garantizar una aplicación efectiva de las normas como elementos fundamentales para construir la confianza que Panamá necesita.
La reciente transición en el Ministerio de Educación también evidencia la importancia de contar con instituciones capaces de trascender los cambios de dirigencia. En materia educativa, los avances no pueden reiniciarse con cada administración. El país necesita preservar lo que funciona, corregir lo necesario y mantener políticas de largo plazo que generen confianza y permitan formar el talento que Panamá necesita.
El caso de la Dirección General de Ingresos plantea otro desafío. Las irregularidades bajo investigación no representan únicamente un asunto judicial; también ponen a prueba los controles institucionales y la confianza de los contribuyentes. Ambos casos, aunque diferentes, recuerdan que la fortaleza de un país depende de instituciones capaces de garantizar continuidad, transparencia y rendición de cuentas.
Para APEDE, el desafío trasciende al Ministerio de Educación o a la Dirección General de Ingresos y está relacionado con la construcción de instituciones capaces de trascender a las personas, los gobiernos y las coyunturas.
Esta visión forma parte de la hoja de ruta que la Asociación ha establecido para el período 2026-2027, cuyo eje de Gobernanza, Transparencia e Institucionalidad busca promover instituciones más sólidas y sostenibles. Bajo este enfoque, APEDE sostiene que las instituciones deben ser más fuertes que las personas que temporalmente las dirigen.
En ese sentido, la Asociación también ha asumido el compromiso de fortalecer su propio gobierno corporativo y sus mecanismos de rendición de cuentas, como parte de una visión que procura promover mejores prácticas institucionales desde el sector empresarial.
La agenda de incidencia de APEDE incluye propuestas orientadas a fortalecer la institucionalidad, entre ellas el Observatorio APEDE de Transparencia Judicial, concebido como una iniciativa técnica y permanente para dar seguimiento al desempeño del sistema de justicia.
La Asociación considera que fortalecer la seguridad jurídica y la eficiencia judicial no solo contribuye a mejorar la institucionalidad, sino que también genera la certeza que necesitan quienes evalúan invertir, crecer y generar empleo en Panamá.
Los indicadores internacionales refuerzan la necesidad de avanzar. Panamá obtuvo 33 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción, por debajo del promedio de las Américas, de 42 puntos, y aún distante de países como Uruguay, con 73; Chile, con 63; y Costa Rica, con 56.
Sin embargo, Panamá también cuenta con fortalezas sobre las cuales construir. En el Índice de Democracia 2025 obtuvo 7.04 sobre 10, ocupando la posición 44 entre 167 países y el quinto lugar en América Latina y el Caribe. Asimismo, en calidad institucional se mantiene por encima del promedio latinoamericano.
El reto, por tanto, no es partir de cero, sino cerrar las brechas que todavía limitan la capacidad del país para generar confianza y competitividad.
Países como Uruguay, Costa Rica y Chile superan a Panamá de manera consistente en varios indicadores, confirmando que la calidad institucional también es un factor de competitividad. Para quienes invierten, la confianza se traduce en reglas claras, seguridad jurídica y condiciones equitativas para competir. Esa certeza reduce riesgos y favorece la inversión, la innovación y el empleo.
Por el contrario, la desconfianza funciona como un impuesto invisible: incrementa el costo de hacer negocios, eleva los riesgos y puede frenar decisiones de inversión. Fortalecer las instituciones, por tanto, no es únicamente una tarea política o administrativa; es también una condición indispensable para crecer y generar mayores oportunidades.
APEDE plantea como parte de su agenda conectar, evolucionar e incidir, con una visión orientada a ir más allá de señalar los problemas, mediante propuestas, medición de resultados y contribuciones a políticas públicas capaces de trascender los períodos de gobierno.
La organización sostiene que Panamá cuenta con las condiciones y fortalezas necesarias para avanzar, pero que el fortalecimiento institucional será determinante para convertir esas ventajas en mayor inversión, empleo y crecimiento sostenible. Para la organización, la confianza se construye con tiempo, coherencia y resultados, y debe convertirse en un activo estratégico del país para atraer capital, generar oportunidades y construir una economía más competitiva con visión de largo plazo.
