Por: Alfonso Fraguela
El Procurador General de la Nación presentó durante esta semana a la Asamblea Nacional un paquete de reformas al Código Procesal Penal y al Código Penal.
Dentro de los temas más destacados esta la Ley General Anticorrupción, que permitiría iniciar un proceso con los informes de auditorias de entidades públicas, no exigiendo de forma imperativa que sean realizados por la Contraloría General de la República.
Esto deja en el ambiente, la percepción de si se busca forzar procesos penales, aunque la ley no tendría efecto retroactivo, por no ser de interés social. Salvo que el criterio sea “que como la corrupción afecta a la economía y a la administración pública, sí lo tendría”.
Recordemos que los diputados últimamente han retomado el discurso de “la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública”, “la ley antibotellas que sancione con prisión a quien no trabaja y a quien lo nombra”, temas sopeteados en periodos pasados y que incluso trajo al tapete “la ley de extinción de dominio”.
Todas estas propuestas, así como la reforma a la Constitución Política, nos confirman que nuestra sociedad tocó fondo.
Cuando en otros países, trabajar para el Estado en su condición servidor público, es una distinción. Por lo que a nadie se le ocurre llevarse un lápiz de la oficina.
En nuestro país debemos abrir más huecos a la correa para apretar y evitar que los servidores públicos vean la posibilidad de apropiarse de los bienes públicos, cambiando su condición social en solamente 5 años y poco esfuerzo.
Esta situación, tiene su génesis en la familia, en el núcleo familiar. La clase Política y los gobernantes vienen acompañados de funcionarios con mañas y prácticas deshonrosas que ven en un puesto público la oportunidad de salir llenos de dinero.
Es por ello, que al final los responsables de lo que ocurre es el pueblo, quien tiene la culpa, en cierta medida, puesto que somos los que elegimos mal y llevamos a gobernar a bandas y clanes que opacan nuestra sociedad, mientras nosotros solamente nos quedamos boquiabiertos por las escandalosas conductas que registran los medios.
Panamá, necesita cambiar, pero de mentalidad permitiendo con ello, elegir a ciudadanos que sepan que lo único que recibirán del puesto será su salario.
Esos funcionarios altruistas que donan su salario y juran que trabajaran por amor a la patria, resultan sospechosos, debido a que nadie sabe cómo sostienen su hogar, cómo pagan la luz, la comida, la escuela de los hijos, el colegial, la ropa de la esposa, y todo lo cotidiano en una familia, si su fuente de ingreso por el trabajo que realizan no lo reciben.
Sin duda no viven de un milagro, y el ábaco que emplean para calcular sus ingresos no es el mismo del resto de los ciudadanos de este país que somos acróbata, malabarista, y hasta magos para que el dinero nos alcance.
No necesitamos más leyes castigo, para disuadir a quienes entran a la Cosa Pública a que se hagan de ella. Por el Contrario, necesitamos saber los antecedentes de a quienes elegimos, como es su comportamiento familiar.
De quien trata mal a su esposa e hijos, no esperen otra cosa distinta con el pueblo, a quien no conoce.
Tenemos la inteligencia necesaria, para detectar a charlatanes, oportunistas, mentirosos, cuenteros e hipócritas, de las personas que quieren realmente dejar una huella, y ser recordados honrosamente en los libros de historia.
