Por: Juan Manuel Castulovich. Jurista
Cuando hacía campaña, el presidente dijo, palabras más palabras menos, que ya tenía pensadas sus ideas para resolver los problemas de la Caja del Seguro Social y, más específicamente, la crisis del Sistema de Pensiones, pero que, por cuanto las soluciones deben ser producto de un acuerdo nacional, convocaría a todas las dirigencias políticas, empresariales y sociales, para que estas se sumaran a ese esfuerzo común.
El encuentro con las dirigencias políticas ya se celebró. A ese le siguió otro con las dirigencias empresariales y se ha anunciado que el tercero será con las dirigencias sindicales. Y, mientras estos se desarrollan, ya se hizo oficial la designación del actuario Dino Mon, para el cargo de Director General del Seguro Social. O sea, que se han colocado sobre el tablero varias de las fichas claves. Desde luego, estas son fundamentales; pero, a la par, hay que destacar que, para completar ese ciclo de consultas, hace falta incluir a las organizaciones representativas de los jubilados y pensionados, así como a las distintas representaciones de los usuarios, distintos de los jubilados y pensionados, que solicitan, en sus diversas modalidades, los servicios de la institución.
El presidente, aunque sin fechas específicas, anunció que el proceso iniciado con el encuentro con las dirigencias políticas, se cubrirá en varias etapas que culminarán con las modificaciones que se propondrán a la Ley Orgánica de la Caja del Seguro Social y que están supuestas a ser discutidas y aprobadas en el mes de noviembre, durante las sesiones extraordinarias a las que convocará a la Asamblea Nacional.
El supuesto ideal es que, antes de la presentación del proyecto de las futuras reformas a la Ley Orgánica de la Caja del Seguro Social, se pueda alcanzar un consenso entre todos los actores y sectores involucrados o afectados. Pero, para poder construirlo, es imprescindible que todos hagan públicas sus posiciones, preferiblemente en el mismo orden en el que han sido consultados por la presidencia, habida cuenta de que los diputados serán los que finalmente deberán discutirlas y aprobarlas.
Pero para que el proceso anunciado por la presidencia pueda culminar en medidas concretas, a las etapas previas debe nutrírselas con contenidos específicos y ser desarrolladas con un cronograma, también específico. Siguiendo ese orden, primero, todos los actores y sectores, comenzando por el Órgano Ejecutivo, los partidos políticos y las dirigencias empresariales deben “poner sobre la mesa” sus posiciones, lo que quiere decir publicarlas y explicarlas. En segundo lugar, deben hacerlo los otros actores y sectores. En tercer lugar, debe abrirse un espacio para la discusión pública de todas ellas.
Si el Órgano Ejecutivo hiciera pública la suya, en lo que resta del mes de agosto, durante la primera quincena de septiembre deberían hacerlo el resto de los sectores y durante la segunda quincena de septiembre y la primera de octubre, podría ser el espacio para su debate público.
Sin duda, la presidencia es la que puede y debe activar el inicio y el cumplimiento del cronograma del proceso “para rescatar la Seguridad Social; pero todos los actores y sectores deben igualmente estar preparados para la discusión constructiva y la búsqueda de los consensos que serán imprescindibles. La alternativa es un panorama de incertidumbres y de confrontaciones que el país no necesita y que debe evitarse.
