El planeta enfrenta un enorme reto: la crisis climática que a lo largo del globo terráqueo hace estragos entre la población mundial. De seste fenómeno hay evidencias significativas como pérdida de vidas humanas, animal y vegetal. Así mismo, observamos importantes daños al patrimonio económico de las naciones y perspectivas poco alentadoras.
La especie humana como forma de vida más avanzada de la tierra necesita ejecutar medidas correctivas y actuar de inmediato, tomando acciones de mitigación y resiliencia, modificar tendencias y modelos no sostenible para para la conservación del planeta.
La crisis pandémica del COVID-19 ha dejado millones de muertos y una significativa reducción de la riqueza mundial, que según datos de instituciones internacionales está alrededor del 10% del total.
Los conflictos bélicos en la zona eurasiática han creado un clima de desestabilización y un proceso de radicalización socio política, además de la inestabilidad en los precios de suministros, productos y materias primas estratégicas. Los últimos acontecimientos en Israel y la Franja de Gaza le dan un giro dramático a la geopolítica mundial. La acción de HAMÁS justificada o no, expuso un modelo de acción humana inaceptable al mundo, igual que la respuesta de Israel y que ha destapado intereses y visiones contradictorias que ponen en riesgo la paz del planeta.
Panamá, uno de los países más abiertos al mundo no escapa de este escenario, más aún cuando existe evidencia de no estar preparado institucionalmente para asimilar con rapidez y transformarse, aprovechando para si esta situación de cambios mundiales.
La crisis migratoria, la prácticas de corrupción dentro y fuera del sector público, el avance del narco tráfico en todos las esferas sociales, la incomprensión en el surgimiento de nuevos bloques económicos y asociaciones globales, la inflación importada a falta de una política pública de diversificación y racionalización del gasto, el consumo suntuoso y el retraso en la reforma de instituciones claves para mantener la calidad de vida de la población, refleja deficiencias en servicios públicos como agua, transporte, educación, salud, entre otros servicios. Estos son elementos que caracterizan el presente socio político nacional. Se suma a este panorama una sobrecarga financiera de subsidios, el aumento del gasto público y la ausencia de políticas públicas efectivas para atraer la inversión sostenible y multiplicadora.
En los próximos meses Panamá entra en un proceso de renovación de todas sus autoridades. Pareciera una transición normal pero no lo es. Enfrentamos problemas muy delicados y estructuralmente profundos que requerirán esfuerzos para solucionarlos.
Estas serán las más cruciales elecciones de Panamá en el siglo XXI. Primero por las oportunidades que el país tiene en materia de desarrollo, diferenciándose entre las naciones del planeta: el rápido desarrollo de la inteligencia artificial, las guerras de restructuración geopolítica, las nuevas tendencias del comercio mundial, la pequeñez del país, su potencialidad económica y ecológica, su riqueza cultural e hídrica que abre espacios de perspectivas nunca vistos para construir un país de oportunidades caracterizado por la prosperidad de su población. Segundo porque tenemos que cambiar la institucionalidad democrática del país.
Panamá es un país de economía prácticamente estatal, no es un sistema capitalista consolidado donde las fuerzas del mercado operan para equilibrar la red. El presupuesto del gobierno es un tercio del PIB, el Estado es dueño de empresas grandes como el Canal de Panamá, Banco Nacional, Caja de Ahorros entre otras entidades, es socio de compañías estratégicas como energía y comunicaciones que a la vez son concesiones otorgadas. El Estado es codueño y podría orientar las decisiones tácticas de esas empresas en función de intereses nacionales como puertos, aeropuerto, apertura de mercados y políticas de control de calidad en los servicios públicos fundamentales.
Con este panorama de realidades, amenazas y oportunidades los panameños enfrentaremos las elecciones del año 2024. También debemos prepararnos para el futuro incierto del cambio de paradigmas globales, las relaciones con las potencias emergentes, la llegada de la inteligencia artificial y las amenazas a nuestro modelo económico de servicios de comunicación interoceánica. Todo esto requerirá de la sociedad y de sus líderes la reinvención de una nueva cosmovisión del desarrollo que la recién experiencia indica que tiene que ser formulada en conjunto. Los sabios han desaparecido y la imaginación y creatividad colectiva se están imponiendo. El futuro será más colectivo, los cambios tecnológicos en la comunicación nos acercan cada vez más.
Esta verdad lógica que nos separa de la verdad cosmética manejada por los políticos del patio a falta de una educación crítica de la población, debería ser el tema de campaña política del gobierno del año 2024.
No hay plan, propuesta o plataforma ideológica variada sin que se intente resolver el problema de legitimidad del consenso. La amplitud de la visión creativa da frente al entorno interno y externo.
No importa lo acertada o utópica de la propuesta política de los candidatos si ésta no comienza por las iniciativas de reconstrucción de la institucionalidad democrática, es decir, la gobernabilidad de la sociedad panameña lacerada en la crisis socio política del último año y medio. Igualmente si la decisión final del tema minero se mantiene, la renuncia a la riqueza minera panameña impondrá replantear un modelo de desarrollo e inversión para el interior del país ya que está demostrado que el paradigma de economía de tránsito no tiene capacidad de generar riqueza suficiente para todo este territorio dada su intensidad en capital, el monopolio y la política de subsidios gubernamental que está deformada y es insostenible.
En conclusión, cambiamos o profundizaremos la inconsistencia del sistema socio político que produce desigualdad, por tanto el estado de desequilibrio social explosivo que ya se manifiesta, o iniciamos un viaje a la transformación de las instituciones democráticas que a la vez permitan la reformulación del capitalismo salvaje a un capitalismo sostenible, que involucre un mayor grado de participación a todos los actores y agentes económicos y se produzca un proceso de distribución de la riqueza más sustentable y racional, de manera tal que se vaya reduciendo las patologías económicas asimétricas en la distribución del ingreso e ir eliminando la pobreza de manera sostenible y crecer desarrollando el país.
