Por: Alfonso Fraguela
Parece increíble que, en la postrimería de una gestión de gobierno, los escenarios se encuentren caldeados, y en no se busque apostar a mantener un equilibrio social que le permita llegar a feliz término su mandato.
Ese es el mensaje que envía la actual administración, donde temas como el Contrato-Ley Minero y la ley de Transparencia que busca ser modificada, activan las banderas rojas en señal de alerta social.
En los últimos días, la insistencia de aprobar al precio que sea el Contrato-Ley Minero ha desencadenado protestas a nivel nacional, que han venido acompañada de acciones disuasorias con la presencia policial, para que las manifestaciones sociales que se oponen a dicho contrato por considerarlo lesivo para el país, no se aglutinen en los lugares donde se aborda el tema.
Recordemos que el escenario inicial fue la Asamblea Nacional donde el Órgano Ejecutivo presentó para su aprobación o rechazo el Contrato de Explotación de la empresa Minera y el Estado panameño, y posteriormente, el Primero Órgano del Estado inicio un proceso de consultas a las comunidades donde se realizaría la explotación.
Los antecedentes de este Contrato-Ley que se busca ser aprobado, tuvo consideraciones puntuales por parte de nuestra máxima corporación de justicia, al declararlo inconstitucional. Esto dio margen para que las autoridades gubernamentales desconocieran la decisión de la Corte Suprema de Justicia, y que el Contrato-Ley declarado inconstitucional siguiera vigente durante varios posteriores a la declaratoria y surtiendo los efectos jurídicos derivados de éste sin mayor importancia, ocasionando una lesión para el Estado Panameño.
Las consideraciones de este documento han sido catalogadas como lo que fue para Panamá el Tratado Hay-Bunau Varilla, al inicio del nacimiento de la República. Dejando a la administración actual en una posición no muy alentadora para ser recordada en los anales de la historia.
Aunque la última palabra la tienen los Diputados quienes lo aprobarán o rechazarán, quedarán los efectos de tal o cual actuación en la memoria social del electorado para las elecciones de 5 de mayo de 2024.
Por otro lado, la coincidencia que surge en este momento es que también en la Asamblea Nacional se busca modificar la ley de transparencia, que ha dejado entre los asociados, una percepción de blindaje por parte de la actual administración, y donde sectores organizados han pedido el retiro de esta propuesta al Ejecutivo.
Aunque no podemos pronosticar el final de ambas iniciativas, lo que si podemos confirmar es que esta historia no ha terminado.
