Por: Julio Bermúdez Valdés
La piedra angular de cualquier democracia es la justicia. Bajo los reclamos de justicia se produjeron las grandes revoluciones de Estados Unidos y Francia, en 1776 y 1789, respectivamente; en busca de esa justicia Panamá se separó de Colombia, los mártires reclamaron soberanía en 1964, bajo una propuesta de relación justa panameño-norteamericana; al grito de justicia se produjeron las acciones civilistas de finales de los años 80 contra el régimen militar.
En fin, bajo esa premisa las empresas aseguran sus inversiones. Seguridad jurídica, que le dicen, y con justa razón. La carrera administrativa y la permanencia para los servidores públicos concluyeron intensas jornadas de lucha.
En un intento por mejorar la justicia en Panamá, la administración del presidente Laurentino Cortizo Cohen designó mediante un proceso novedoso, seis magistrados para la Corte Suprema de Justicia, sin que nadie pueda señalar hasta hoy acciones irregulares en tales designaciones.
Sin embargo, tanto las advertencias históricas como los esfuerzos actuales resultan insuficientes a la luz del incremento exponencial de las actividades delictivas. No basta que la policía haga rondas, coloque retenes… ni siquiera que capture a los delincuentes. Entran por una puerta y salen por otra, en una realidad frustrante para los uniformados y decepcionante para una sociedad que parece estar condenada a soportar estas transgresiones.
La peor parte la lleva la gente decente, y mas que las de una clase alta que tiene como frenar de manera particular las acciones en su contra, están las capas medias y sobre todo el hombre de las barriadas populares. Allí, pandilleros de poca monta van convirtiendo barriadas completas en rehenes.
Roban, asaltan e imponen un control sobre los moradores a punta de amenazas y agresiones.
Conozco el caso de una mujer humilde, trabajadora doméstica que, por encarar a raterillos de su comunidad, fue agredida salvamente por siete de ellos que le reclamaban sus denuncias ante la ley. La golpearon en la cara, la tumbaron, la patearon, le robaron su celular,le dieron con una piedra en la cabeza y de no ser por una vecina que intervino, quién sabe en qué hubiera terminado la golpiza.
Entonces la señora se fue a la estación de policía a buscar JUSTICIA, pero los agentes de turno le aconsejaron, olvidarse de la denuncia “porque después no la dejarían en paz”. ¿Por qué el consejo? Primero, según ellos por lo difícil que resulta capturar a los agresores, y segundo, porque después de capturados mas demoraban en llevarlo ante el Ministerio Publico, que en quedar en libertad.
Así que antes que la transparencia, antes que la seguridad jurídica, ante de la certeza del castigo, o la capacidad de captura e investigación de los delitos, está la urgencia de que la JUSTICIA funcione para que la ciudadanía tenga la certeza y la confianza de que puede acudir a ella con la seguridad de que será reivindicado.
De lo contrario la gente, sobre todo en los barrios populares está en completa indefensión, a mercede de los maleantes, y nadie los puede salvar.
Creo que la sociedad debe ir ensayando en la justicia aquello que alguien llamó una democracia participativa. Los aparatos existentes muestran cada día con evidencia inequívoca, que son incapaces de garantizar la seguridad de toda la sociedad, sobre todo la de aquellos que menos tienen.
Urge democratizar la justicia, en el entendido de prorratear el poder y la seguridad del Estado, mediante la constitución y el respaldo de organismo represivos en las comunidades. El sistema actual no sirve, es obsoleto, ineficaz, caro, lento y permisivo. Y mientras mas se agudice su crisis, existe un mayor riesgo para la democracia que muchos dicen defender. Saludos amigos.
