La nueva resolución No.3126-2025-Leg/PJ de la Contraloría General de la República publicada en Gaceta Oficial, «por el cual se aprueba el Reglamento de medidas precautorias para proteger los intereses públicos”, ha generado reacciones por los poderes adicionales que le otorgan al contralor Anel “Bolo” Flores.
Durante el periodo de incidencias de la Asamblea Nacional, el diputado Ernesto Cedeño, mostró su preocupación por la iniciativa. “Esto es muy preocupante y sugiero que se deje sin efecto para y así fortalecer las garantías al investigado”.
Cedeño solicitó al Contralor detener cualquier acción al respecto y envíe toda la documentación a la Asamblea para legislar al respecto.
Fuentes aseguran que reglamento es sumamente peligroso porque rompe con los principios básicos de un Estado de Derecho.
“A juicio del diputado Cedeño, no puede ser que una entidad administrativa, cuya función es la fiscalización y control del gasto público, se arrogue competencias jurisdiccionales como ordenar secuestros, suspender salarios o congelar pagos sin intervención de un juez y puede ser inconstitucional”, destacó.
La resolución desconoce por completo el derecho de defensa y el debido proceso. Se pretende ejecutar medidas que afectan directamente el patrimonio y la estabilidad de personas y empresas, sin audiencia previa y bajo criterios discrecionales de un funcionario administrativo.
Actualmente la Contraloría adelanta una auditoría finalizada de Buddy Attie y no hay acciones de la Fiscalía Anticorrupción. Se adelantan otras auditorías a funcionarios de la administración pasada: Federico Alfaro, Alex Hepburn, Saleh Asvat, Gerardo Solis, Nadia Del Río y Zenia Vásquez. que fuentes aseguran que una vez finalizadas, se darán las aprehensiones y secuestros de bienes por parte de la Contraloría que le permite el nuevo reglamento sin las garantías de los investigados como no debe darse en un Estado de Derecho.
