Por: Alfonso Fraguela
En la Gaceta Oficial Digital No. 30290-A, de viernes 30 de mayo de 2025, salió publicada la Resolución N°45 de viernes 30 de mayo de 2025, «Que ordena la ejecución del plan de preservación y gestión segura (Cuido y Mantenimiento) de la Mina de Cobre Panamá».
Uno de los tres temas que tiene a la actual administración con ciertos tropiezos, y que representó una medalla de latón para el mandato de Laurentino Cortizo Cohen.
El Contrato que dio vida a esa relación, fue un detonante social, que ocasionó el repudió general por la forma en que se firmó el mismo por parte del presidente enmascarado.
Sobre lo ocurrido en esa época, los registros históricos arrojan una clara y detallada descripción de los protagonistas, que emplearon las calles como la forma tradicional de ser escuchados y de expresar el descontento popular.
Las Acciones de Inconstitucionalidad presentadas ante la Honorable Corte Suprema de Justicia, obligaron al Pleno de este poder del Estado a sacudirse de una situación que los había incluso arrinconado, despertando la duda si había algún grado de complicidad en un tema tan complejo.
Los millones de dólares que representaba la compensación económica que recibiría Panamá, y cuyo destino era aliviar las necesidades recurrentes y eternas de la población, se vio impactada por una decisión histórica del tercer Órgano del Estado.
La decisión se hizo pública el 28 de noviembre de 2023, en una trasmisión en directo desde el Palacio de Justicia Gil Ponce a las 7:10 a.m. en cual la Corte Suprema de Justicia declara Inconstitucional la Ley 406 de 20 de octubre de 2023.
Esta decisión unánime marcó un hito en la historia de la Justicia de panameña, y le mandó un mensaje de esperanza a los ciudadanos de Panamá y el mundo “que en Panamá existe un Estado de derecho”.
Luego que se hiciera pública la decisión, el sector empresarial se pronunció expresando su descontento, y exigiendo el cumplimiento del Contrato declarado Inconstitucional.
En tal sentido la empresa Minera contraparte panameña recurrió a instancias internacionales con el fin de presentar acciones, y demandas cuyos montos prácticamente nos obligarían a pagar a perpetuidad una deuda o entregarle la llave del país.
El tiempo siguió avanzando y se inició el proceso electoral, y los errores de gobierno de ese entonces, se transformaban en los hechos que valorarían en las elecciones de mayo de 2024.
Los resultados de esas elecciones habrían llevado a Pitágoras a analizar el “4×8 = 40”, que seguramente esperaban para alcanzar más votos en medio de la humillación histórica más grande de todos los tiempos.
Las diversas maniobras de los empresarios y de diversos sectores ligados a la operación minera, han mandado al presidente José Raúl Mulino, la necesidad de una pronta apertura, por las obligaciones adquiridas y que, con el cierre, se han visto perjudicados.
Lo cierto es que desde que se declaró inconstitucional la Ley, el debate giró sobre el producto que supuestamente se siguió extrayendo de la minera, y a quien pertenecía.
Con la Resolución N°45 aprobada por el Gobierno Nacional, este tema regresará a la mesa y con él los dineros que genere el producto que será manejado por la empresa, y que pasará con las demandas promovidas inicialmente por un Contrato Declarado Inconstitucional.
