En los últimos tiempos, las protestas sociales en Panamá han tomado una ruta preocupante que, lejos de fomentar el pensamiento crítico y el ejercicio responsable de los derechos ciudadanos, ha instalado en el discurso público una estrategia emocional profundamente manipuladora: la del POBRECITO YO. Esta táctica, revestida de aparente inocencia y victimización, encierra una forma sofisticada de distorsionar la verdad, desviar la atención del fondo de los problemas y debilitar las bases del diálogo democrático. Y lo más grave: es una nueva forma de corrupción ética y social.
Los recientes acontecimientos relacionados con las protestas por la Ley de la Caja de Seguro Social (CSS) son un ejemplo claro de esta narrativa. Gremios y sindicatos han optado por paralizar sus labores; en el ámbito docente es una medida que ya afecta el derecho a la educación de miles de estudiantes y, en paralelo, se articulan con ventaja y premeditación para bloquear calles como si fuese un acto de protesta pacífica. No obstante, esa forma de manifestación vulnera directamente los derechos de otros ciudadanos, especialmente el derecho al libre tránsito, también protegido por la Constitución.
Según mi perspectiva de la verdad aquí emerge la verdadera esencia de la estrategia: provocar la intervención legítima de las autoridades y, acto seguido, presentarse como víctimas de represión. La retórica del “Estado dictador” en un sistema democrático por los grupos de izquierda y sus simpatizantes es reforzada desde los propios manifestantes que, al saberse grabados o fotografiados, sobreactúan escenas de supuesta violencia o indefensión. Todo esto responde a una construcción calculada y con alevosía del mensaje, que no busca justicia, sino manipulación de la opinión pública.
Esta conducta se aleja radicalmente del principio legítimo del derecho a la protesta y el principio educativo que los propios docentes deberían cultivar, que no es más que: la búsqueda de la verdad, la ética en la acción, y el ejemplo de ciudadanía responsable. En lugar de construir pensamiento crítico, siembran confusión emocional. En lugar de educar, adoctrinan desde la victimización. ¿Qué valores pueden enseñar aquellos que promueven el caos, desinforman a sus estudiantes y presentan la desobediencia como virtud cívica?
Llamemos las cosas por su nombre y sin filtros: la victimización intencional para ganar ventaja política o social es una forma de corrupción. Es una corrupción moral, pues se basa en la manipulación de la verdad. Es una corrupción pedagógica, porque prostituye el rol educativo y el rol sindical. Y es una corrupción ciudadana, porque sacrifica los derechos de muchos por la agenda de unos pocos.
El debate sobre la CSS es legítimo y necesario, pero debe hacerse con responsabilidad, con argumentos, y sin recurrir al chantaje emocional. Panamá necesita una ciudadanía que cuestione, proponga y defienda sus derechos, pero desde la verdad y no desde la teatralización del sufrimiento con el solo afán de ganarse un óscar como si esto fuese una cinta cinematográfica.
Amados y respetados lectores, la democracia no se fortalece con gritos, ni con bloqueos, ni con victimismos interesados. Se fortalece con la verdad, la razón y el respeto mutuo. Es hora de superar: LA PEDAGOGÍA DEL POBRECITO YO, y avanzar hacia una cultura cívica más madura, ética y honesta. Porque si seguimos premiando la manipulación como forma de protesta, estaremos educando a las futuras generaciones a repetir la misma corrupción que decimos querer erradicar.
