El Consejo de Gabinete aprobó hoy el proyecto de ley 38-24, por el cual la Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas concede un período de moratoria entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de 2024, para el pago que recae sobre los intereses y recargos causados por el Impuesto sobre la Renta, el Impuesto de Inmuebles, el Impuesto de Aviso de Operación, Impuesto a la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS), el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC); y Tasa Única de personas jurídicas.
La DGI calculó en 3,210 millones de balboas el monto de la morosidad en el pago de impuestos, de los cuales se podrían recuperar entre un 15% y 18% durante esta moratoria planteada.
La moratoria aplica para todas las personas naturales y jurídicas, además de los bienes inmuebles que se encuentran morosos por impuestos, tasas o contribuciones especiales en fase de cobranza administrativa o coactiva a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, que lleven a cabo el pago correspondiente al total de los saldos nominales adeudados, incluyendo multas, quedando exonerados del total de los intereses, recargos causados y las sanciones relacionadas al proceso ejecutivo de cobro.
También los contribuyentes que en condición de agentes de retención mantengan morosidad por impuestos retenidos de cuotas inherentes a períodos hasta junio de 2024 en concepto de Impuesto Sobre la Renta y Seguro Educativo podrán excepcionalmente hasta el 31 de diciembre de 2024, extinguir los saldos adeudados pagando directamente a la Dirección General de Ingresos.
La DGI señaló que, con esta ley, no se busca liberar de responsabilidad ni premiar a los contribuyentes por el no pago de sus compromisos tributarios; “muy por el contrario, lo que se busca es resolver algunas falencias del sistema de manera que le brinde a los contribuyentes mejores condiciones para el cumplimiento de sus obligaciones en atención al principio de justicia tributaria”.
También se busca que el Estado aumente la recaudación y, por ende, dinamizar la economía nacional; esto es necesario considerando las cifras de morosidad de contribuyentes en diferentes tributos, las proyecciones en la recaudación fiscal para el presente año, con respecto a lo presupuestado en esa materia, sostuvo la DGI en la sustentación del proyecto que deberá ser presentado a la Asamblea Nacional para su aprobación.
