Por: Alfonso Fraguela.
Luego de su retorno al país a mediados de semana el presidente José Raúl Mulino, designo a los reemplazos del Procurador General de la Nación y al Procurador de la Administración, ambos a quienes se les vence su periodo de 10 años.
En el caso del Procurador General de la Nación, Javier Caraballo, debemos recordar que el mismo fue designado Procurador General de Nación Suplente, ya que el titular designado fue Eduardo Ulloa durante la administración del presidente Lurentino Cortizo Cohen.
Igualmente, es importante destacar que Eduardo Ulloa tuvo una efímera presencia al frente del Ministerio Público, lo que lo llevó a dimitir sin explicación alguna inclusive hoy día luego de varios años desde su salida.
Posteriormente a la salida de Ulloa, pasa a liderar la Procuraduría General de la Nación Javier Caraballo, quien ejercía el cargo de fiscal en Colón.
Y no fue hasta las postrimerías de la Administración de Cortizo Cohen, que lo nombra Procurador General de la Nación titular, y cuyo periodo vence el 31 de diciembre de 2024.
Con las elecciones generales del mes de mayo de 2024, y el triunfo del presidente José Raúl Mulino llega la necesidad de efectuar las designaciones para la próxima década en los cargos de los Procuradores General de la Nación y de la Administración.
Es de esta manera, como el presidente con sus ministros designa a Luis Carlos Gómez en reemplazo de Javier Caraballo y a Grettel Villalaz en reemplazo de Rigoberto González Montenegro.
Los nuevos procuradores enfrentaran retos importantes, en el caso de Luis Carlos Gómez deberá adelantar y revitalizar las investigaciones de los delitos de alto perfil, así como aquellos cometidos contra la Administración Pública por funcionarios de la Administración anterior.
También deberá evaluar el equipo que actualmente existe en el Ministerio Público, con el fin de optimizar la calidad del trabajo y función que desempeñen.
En el caso de la Procuradora Gettel Villalaz, deberá ejercer esa función académica, orientadora, y de guía como abogada del Estado, frente a temas de interés nacional como serían la posibilidad de una opinión en el caso del Contrato Minero declarado Inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia y una posible renegociación.
Lo cierto es que los primeros pasos para esos cambios, serán reuniones de transición previas, para conocer el estado actual de cada entidad, los gastos operativos, el personal que las conforman, así como los temas pendientes.
