Por: Alfonso Fraguela.
Con el anuncio realizado por el presidente José Raúl Mulino el pasado jueves, sobre publicar la lista de los beneficiarios de los auxilios económicos, las redes sociales se han convertido en medios masivos de difusión de los beneficiarios. El problema no es que no se otorguen, sino que las personas que reciban estos apoyos estatales deben tener una condición social para calificar a ellas.
Lo que ha degenerado la naturaleza del auxilio, otorgándolo a hijos de personas con solvencia económica, limitando la posibilidad que otros que no tienen la posibilidad real de pagarse sus estudios queden rezagados o no sean considerados. Esta realidad deja al descubierto, una deficiencia clara en los controles y el procedimiento de otorgamiento de dichos dineros, para los beneficiarios y las universidades donde han elegido estudiar.
Recordemos que la Contraloría que es un ente fiscalizador, había anunciado que no revelaría los nombres de los beneficiarios solapando el silencio que el IFARHU mantenía con los nombres éstos, por estar ligados a altos cargos públicos del gobierno de Laurentino Cortizo Cohen. Luego de publicado el listado y el impacto que ha tenido en la población, llevó al IFARHU a anunciar que se hará publico los beneficiarios hasta el Gobierno de Martín Torrijos.
La transparencia en una gestión de gobierno es un elemento vital, para demostrar que los fondos públicos se están administrando de la forma en que el pueblo espera. Lamentablemente, cuando se llega al poder desconocemos que es lo que ocurre, y las personas que ostentan altos cargos piensan que los recursos públicos son de ellos y que no deben rendir cuentas por el uso incorrecto de los mismos.
Así al finalizar cada gestión de gobierno vemos a funcionarios subir y bajar escaleras explicando lo inexplicable, y justificando lo injustificable, para evitar una condena de prisión por delitos contra la administración pública. Estudiar la posibilidad de crear una ley donde lo que no debía pagarse deba pagarse, no lo comparto.
Creo que se debe abrir una investigación por la posible lesión al Estado panameño, y que sean las autoridades judiciales las que determinen si hubo algo irregular en el otorgamiento de estos auxilios a personas que no se lo merecían. Y si los procedimientos empleados y los documentos aportados para calificar carecían de veracidad. Esto es muy delicado, hablamos de los dineros públicos no de cualquier cosa.
No podemos olvidar que todo servidor público al tener conocimiento de la existencia de una conducta que podría ser un delito está obligado a denunciarlo, quedando en manos de las autoridades la calificación y evaluación de las conductas realizadas. Hechos como estos, son los que traen nuevamente al tapete la posibilidad de considerar la imprescriptibilidad de delitos contra la administración pública.
