Por: Alfonso Fraguela
La llegada del 1 de julio de 2024 traerá consigo un nuevo Ejecutivo, y una nueva Asamblea Nacional que estará conformada por 71 Diputados que representan a la población a nivel nacional.
Los integrantes que conforman esta nueva Asamblea Nacional para el periodo 2024-2029, son casi todos nuevos revitalizando la conformación de este Órgano de Estado y brindando mayor participación al sector de los independentes quienes tiene una cuota admirable dentro del hemiciclo legislativo.
Recordemos que los Diputados ejercer tres funciones por mandato constitucional, que son Administrativas, Judiciales y Legislativas. Dentro de éstas últimas son la creación de leyes que afianzaran el funcionamiento del país en atención al ordenamiento jurídico coherente con la realidad que vive y vivirá Panamá para los próximos años.
Ello nos obliga a ponderar la adecuación de nuevas disposiciones legales que, hasta el momento, no han llenado las expectativas sociales pese a que su presentación o propuesta venía cargada de buenas intenciones.
Una de las normas que requieren atención urgente es la Ley que instituye la Justicia Comunitaria de Paz, la cual no ha podido encajar en la sociedad de la forma como fue considerada inicialmente.
Las criticas a esta ley y su reglamentación son constantes, dejando en desamparo a quienes recurren a ella en primera instancia, y que entran en una vorágine de tramites largos y casi eternos que lo que hacen es dilatar las soluciones de los conflictos básicos que son su competencia.
Suponemos que la Ley de Extinción de Dominio será otro de los nuevos retos, que en esta ocasión podría considerarse “la tercera es la vencida”, en clara alusión a las veces en que ha sido presentada a la Asamblea Nacional para su aprobación.
Consideramos que la Ley de Extinción de Dominio, no es un capítulo cerrado para los Estados Unidos de Norteamérica, ya que el acercamiento que ha tenido el gobierno norteamericano con el Presidente José Raúl Mulino, supone la colaboración en dos vías.
Me atrevería a afirmar que la Caja de Seguro Social será un tema que deberá ser igualmente considerado, al igual que la modificación de leyes orgánicas de algunas dependencias o instituciones estatales que no funcionan como deberían.
Dentro de las funciones Administrativas más importantes, aprobar o improbar el nombramiento del nuevo Procurador General de la Nación, del Contralor General de la República, y de los directores de entidades autónomas y semiautónomas que requieran la ratificación del Primer Órgano del Estado.
