Por: Alfonso Fraguela

He dedicado esta línea a un sector de la población que es desprotegido, no solamente por la falta de respuesta gubernamental a las necesidades de estas personas, sino que dieron lo mejor de sí en su vida productiva, y que, de acuerdo con su jubilación versus el alto costo de la vida, viven la experiencia más desastrosa que pueden vivir.
Hay varios temas que deben ser atendidos por parte del Estado panameño, los cuales resumiré en los siguientes renglones:

  1. La Caja de Seguro Social: Esta entidad creada mediante la Ley 23 del 21 de marzo de 1941, enfrenta problemas serios dentro de los cuales podemos destacar el desabastecimiento de medicamentos, por un lado, y por el otro la falta de recursos económicos, para seguir cumpliendo con la jubilación de los ciudadanos más allá del año 2024. Lo que nos coloca un escenario incierto a corto plazo para los que están ya jubilados y aquellos que estamos próximos a ello.
  2. La falta del Pago de los intereses vencidos: Por la Retención de los décimos tercer mes de los años 1972 a 1983, reclamación justa donde el deudor que es el Estado Panameño ha incumplido, pese a varias exigencias permanente por más de 600 mil jubilados que fueron objeto de dicha medida en aquél entonces, por los intereses vencidos y no pagados. Aunque se aprobó el proyecto de ley 727 “que ordena el pago de los intereses por mora como derecho derivado de la retención de la segunda partida del Décimo Tercer Mes, de los años 1972 a 1983, a los servidores públicos y trabajadores del sector privado que laboraron durante este periodo“, el Ejecutivo objetó el mismo por “inconveniente e inexequible”, quedando en manos de la Corte Suprema de Justicia tomar una decisión en atención al Artículo 171 de la Constitución Política.
  3. La ausencia de nuevas medidas económicas: que puedan mejorar dar como resultado mejorar la condición de vida y un aumento significativo en la pensión, más allá de un bono navideño y de aumentos prácticamente humillantes e invisibles para estas personas.

En este sentido, hay algunas consideraciones en el tapete como es la propuesta de aumento de la pensión de jubilación para el jubilado que este trabajando, mejorando por medio de dicha iniciativa presentada el 1 de agosto de 2023, presentado por la diputada Mayín Correa, que busca modificar los Artículos 168 y 178 de la Ley 51 de 2005, que reforma la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social y dicta otras disposiciones.

Ahora bien, aunque dicha propuesta no deja de ser interesante por los objetivos finales que se buscan con ella, se enfrenta a una realidad y es el edadismo existente en Panamá. El cual se hace manifiesto, al no contratarse o limitar su contratación a personas por su edad.

Convirtiendo una buena propuesta de ley en una ley muerta y con pocos resultados, ya que no existe una política del gobierno nacional que la acompañe de la mano.

En cambio, el gobierno nacional busca condicionar una supuesta mejoría para los adultos mayores a la aprobación del Contrato-Ley Minero que actualmente se debate su aprobación o rechazo en la Asamblea Nacional.

La mejoría sería “50% para el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social y un 20% para el aumento de las jubilaciones y pensiones equiparando el mínimo a B/.350.00 mensuales”. Aunque la esperanza de mejores días para nuestros adultos mayores está en la decisión de la Asamblea Nacional y el cuestionado Contrato-Ley Minero, la realidad es que es casi nada lo que se ha hecho por ellos, ubicándolos en una condición marginal y etérea.

En otras palabras, sabemos que están ahí, que existen, pero los ignoramos.

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