Por: Alfonso Fraguela
Luego de hacerse publica la lista de los aspirantes a la presidencia de la República de Panamá, no solamente los elegidos por los partidos políticos, sino por los independientes o de libre postulación, la posibilidad inminente de establecer en nuestro sistema electoral la segunda vuelta electoral parece una vuelta sin retorno.
Actualmente, nuestro país tiene nueve partidos políticos formalmente reconocidos, que han cumplido con el calendario electoral de cara a las próximas elecciones generales del 5 de mayo de 2024.
A este listado de aspirantes surgidos a lo interno de cada partido político, luego de cumplir con los mecanismos internos de selección estatutario de cada colectivo nos arroja un candidato por agrupación que puede disminuirse si se formalizan las alianzas electorales en el periodo establecido en el Boletín del Tribunal Electoral N.° 5065 de 31 de mayo de 2022, que contiene el Decreto 29 del 30 de mayo de 2022 conocido como el DECRETON, que convoca a las Elección General del 5 de mayo de 2024 y aprueba su reglamentación.
Dicho Decreto dispone dentro del calendario electoral, el periodo comprendido del 1 al 30 de septiembre del 2023 para que los partidos políticos formalicen sus alianzas en atención al Artículo 124 del Código Electoral.
Lo cierto es que ya hay algunos colectivos que han expresado su intención de alianzas y otros están en negociaciones para cumplir con lo dispuesto en la ley electoral. Pero no deja de ser menos cierto, que, ante la sobreoferta electoral presidencial, el nivel de representatividad y la legitimidad de los electores apunta a la necesidad de una segunda vuelta electoral, para evitar triunfos con sabor a derrotas.
Si miramos hacía atrás el gobierno actual logró su triunfo con el piso electoral de su vehículo electoral, que lo llevo al solio presidencial. Lo que significa que no se logro la mayoría absoluta del sufragio.
Ejemplo que podría repetirse sino adecuamos nuestro sistema electoral, y obligamos a los aspirantes a recomponer estrategias y lograr el triunfo representativo del electorado que le brinde una legitimidad para gobernar.
