Señaló que tampoco existen violación de derechos a pacientes afectados por Leishmaniasis.
La Defensoría del Pueblo de Panamá determinó que no existen elementos concluyentes que comprueben la práctica de esterilización forzada por parte del personal del Ministerio de Salud (Minsa) ni de la Caja de Seguro Social (CSS), a mujeres de los pueblos originarios en la provincia de Bocas del Toro.
En una resolución que lleva la firma del Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, la institución concluyó que luego de una investigación in situ, que no hubo vulneración de los derechos fundamentales, específicamente los Derechos a la Salud, Derecho a la Dignidad Humana, Derecho a la No Discriminación y Derecho a la Petición de las mujeres de los pueblos originarios del área de Charco La Pava, y comunidades indígenas adyacentes de Bocas del Toro.
En cuanto a la posible situación de vulneración de derechos por casos de leishmaniasis aparecidos en la provincia, el informe de la Defensoría concluyó también que no existen suficientes elementos que indiquen que personal del Minsa se haya negado a brindar tratamiento a los pobladores afectados por la enfermedad. En cambio, la Defensoría destacó que existe un criterio de los tecnólogos médicos que realizan los exámenes y son los autorizados para emitir el diagnóstico de las personas infectadas por la leishmaniasis.
La Defensoría inspeccionó los hospitales e instalaciones de salud del Minsa y de la CSS en la provincia, también entrevistó a los directores médicos, pacientes y personal de salud, sin encontrar evidencia de esterilización forzada en mujeres.
El informe señaló que en los hospitales de Bocas del Toro se realizaron 146 procedimientos de salpingectomía en el año 2019; el 2020 se efectuaron 285 y en 2021 un total de 388 procedimientos. El Minsa reafirmó que ningún procedimiento de salpingectomía se realiza sin el consentimiento informado de la paciente.
La Defensoría en su investigación in situ remitió cuestionarios al Minsa y a la CSS, los cuales fueron contestados por ambas entidades; también entrevistó a lideres de la comunidad, a una vocera de las supuestas víctimas de esterilización forzada, visitó las instalaciones de salud y las mujeres supuestamente afectadas por la esterilización forzada, entrevistó a directores regionales de salud, a directores médicos de los hospitales y centros de salud, entre otros.
En su resolución final de esta investigación, la Defensoría instó al Minsa y a la CSS a que continúen promoviendo, desarrollando e implementando proyectos y políticas públicas en materia de maternidad y paternidad responsable, así como en planificación familiar.
