Por: Miguel Antonio Bernal V.
En menos de dos meses, la constitución militarista de 1972, cumplirá 52 años de su imposición y predominio. La partidocracia la ha convertido en su ícono y durante todos estos lustros, siempre han encontrado excusas para no cambiarla de una vez por todas.
Los fugitivos de la constituyente han utilizado -a lo largo de los últimos siete gobiernos-, la antidemocrática concepción de: “no es el momento”. Súmemosle a estos nuevos teóricos del fin de la historia, la diversionista y divisionista pretensión que: “La consituyente traería desaceleración”.
Todo lo anterior, con el único objetivo de poder seguir, los unos y los otros (como lo vivido recientemente con la empresa criminal conjunta), en su danza de millones y en su desenfrenada carrera con la coima, la corrupción y la impunidad. Es allí dónde ellos se encuentran más a gusto, es allí donde se recrean en sus políticas antinacionales, antipopulares y antidemocráticas.
Los cinco últimos años y las últimas cinco semanas, también han puesto más en evidencia la creciente degeneración de los Órganos del Estado. El espectáculo bochornoso de la Asamblea Nacional, en su rebatiña por el control de su directiva y comisiones, la morosidad del Órgano Judicial en el cumplimiento de sus funciones, no nos dejan lugar a duda de la urgencia de un proceso constituyente como instrumento democrático, participativo, pacífico y democrático, para que la ciudadanía actúe.
La realidad social, económica y política que vivimos requiere una seria y profunda transformación, con una real y efectiva participación ciudadana. Ya no hay espacio para el fracasado reformismo constitucional. Continuar posponiendo esta tarea, basándose en caprichos e intereses particulares o partidocráticos, sólo nos traerá más problemas, cuando lo que necesitamos son instrumentos para resolver los mismos.
La convocatoria de un proceso constituyente tal como ha sido planteado por el Presidente de la República, requiere la participación de todos en todas y cada una de sus fases. La primera de ella, la alfabetización constitucional, será un paso en firme para iniciar la travesía cívica de enseñanza y aprendizaje de nuestros derechos y deberes ciudadanos, que deberá empoderar nuestra participación plena en la tarea cívica de darnos, entre todos, una constitución verdadera.
