El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, se reunió con diputados de la Asamblea Nacional (AN) y miembros de la Comisión de Economía y Finanzas para explicar los principales alcances del proyecto de ley que modifica la Ley 93 del 19 de septiembre de 2019, que establece el régimen de Asociación Público-Privada (APP).
El encuentro, realizado en el Salón Paz del Palacio de Las Garzas, dio continuidad a la presentación de la iniciativa gubernamental ante el pleno legislativo el pasado 17 de septiembre. La propuesta busca modernizar el modelo de contratación para facilitar el desarrollo de obras públicas, promover la inversión privada y contribuir a la generación de empleos y al bienestar de la población.
Acompañado por Ana Julia Carreira, secretaria de la Secretaría Nacional de Asociaciones Público-Privadas (SNAPP), y su equipo técnico, Orillac aclaró que la iniciativa no plantea una transformación radical del régimen vigente, sino ajustes para agilizar los procedimientos e incorporar nuevas posibilidades de desarrollo de infraestructura pública.
El ministro enfatizó que la propuesta no implica la privatización de los servicios públicos y explicó que contempla la participación del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) y de la Caja de Seguro Social (CSS) en proyectos orientados a mejorar las infraestructuras.
“Obviamente, eso es parte de lo que queremos dejar muy claro en esta propuesta, tal como lo dije el día que la presenté en el pleno de la AN durante mi exposición de motivos: no tiene absolutamente nada que ver con una privatización”, subrayó Orillac.
En materia de agua potable y saneamiento, indicó que la iniciativa contempla restricciones para el desarrollo de proyectos relacionados con plantas potabilizadoras, plantas de tratamiento de aguas residuales, sistemas de acueductos y líneas de conducción. Asimismo, recalcó que la comercialización y distribución del agua deben permanecer bajo responsabilidad del Estado y del IDAAN, manteniendo el esquema subsidiado vigente.
Orillac también destacó la necesidad de reducir los tiempos de tramitación y ejecución de los proyectos APP. Como ejemplo, señaló que el proyecto de la carretera Panamericana del Este demoró alrededor de 48 meses desde su inicio hasta su culminación y adjudicación, mientras que el correspondiente a la Panamericana del Oeste pudo concretarse en aproximadamente 18 meses.
Según el ministro, esta reducción representa una mejora significativa en los tiempos de gestión y evidencia la importancia de actualizar la normativa para facilitar el desarrollo de obras de infraestructura.
Otro de los aspectos destacados fue la incorporación del mantenimiento de las obras como elemento fundamental de los contratos. Orillac sostuvo que garantizar el mantenimiento preventivo permite prolongar la vida útil de las infraestructuras y evitar gastos adicionales derivados del deterioro de las instalaciones.
“Si no se les da mantenimiento, en cinco años prácticamente debemos volver a construirlas porque las condiciones se han perdido”, advirtió el titular de la Presidencia, al referirse a la importancia de establecer mecanismos que aseguren la conservación de las obras durante su vida útil.
Por su parte, Carreira explicó que el proyecto contempla la modificación de 13 artículos de la legislación vigente y la incorporación de seis nuevos, con base en prácticas internacionales orientadas a fortalecer el modelo de Asociaciones Público-Privadas.
La secretaria de la SNAPP destacó que el impulso de este mecanismo puede contribuir a dinamizar la economía, atraer inversiones y generar empleos, además de ayudar al Estado a reducir las brechas de infraestructura, particularmente en sectores prioritarios como la salud y el suministro de agua potable.
Durante la reunión, los diputados formularon preguntas y expusieron sus inquietudes sobre la propuesta, las cuales fueron atendidas por el ministro y el equipo técnico de la SNAPP. Los participantes también coincidieron en la importancia de mantener el diálogo para promover iniciativas que respondan a las necesidades de la población.
El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Manuel Cohen, valoró la reunión y destacó la necesidad de divulgar los alcances del proyecto para facilitar la comprensión ciudadana sobre los mecanismos que se buscan implementar para atender las demandas de infraestructura y servicios públicos.
En el encuentro también participaron asesores del Ministerio de la Presidencia y, por parte de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, los diputados Víctor Castillo, Isaac Mosquera, Raphael Buchanan y Raúl Pineda, así como los suplentes Lydia Caballero y Melvin Pérez.
