Por: Juan José Ramos
La reciente sanción y publicación en Gaceta Oficial de la Ley 163, de la Caja de Seguro Social (CSS), ha generado el aumento de las protestas en distintos sectores del país. En toda sociedad democrática, el derecho a la protesta es legítimo y muy necesario cuando los ciudadanos percibimos que una legislación afecta negativamente a los intereses de la población. Sin embargo es fundamental que cada uno de nosotros como ciudadanos responsables permanezcamos vigilantes ante posibles agendas ocultas que busquen instrumentalizar el malestar social con fines ajenos al bienestar colectivo.
Esa acción critica como individuo nos tiene que llevar a valorar el derecho que tengo como ciudadano a la protesta y sus límites, ya que las protestas, en su esencia, son un mecanismo de participación ciudadana que permite a los sectores afectados expresar su descontento y presionar por cambios. En el caso puntual de la Ley 163, las manifestaciones pueden ser vistas como una respuesta legitima siempre y cuando se argumente con sustentadores reales que la norma no responde a los intereses de los asegurados o que se aprobó sin suficiente debate o como folclóricamente decimos los panameños “a tambor batiente o madrugonaso.”
No obstante la legitimidad de una protesta no solo radica en sus motivos, sino en la forma y el estilo en que se ejecuta. Manifestaciones pacíficas y fundamentadas de argumentos sólidos son una expresión valida de democracia y que reafirma el derecho universal del individuo o la sociedad a disentir. Pero cuando las protestas se transforman en bloqueos de calles de forma violenta, destrucción de bienes públicos, privados o intentos de paralizar el país sin propuestas claras, se desvirtúa el propósito y se perjudica a los mismos ciudadanos que dicen defender.
Cada individuo tiene que seguir fortaleciendo su conciencia crítica para disminuir los riesgos de la manipulación, evitar ser utilizados como “TONTOS ÚTILES,” ya que la historia reciente en distintos países muestra como algunos sectores han utilizado la protesta social como una herramienta para generar inestabilidad, más allá del motivo inicial que las origino. He podido percibir que en ocasiones, grupos con una agenda ideológica o política buscan fomentar el caos como estrategia para debilitar a los gobiernos legítimos por el voto popular, aprovechando el descontento genuino de la población.
No es de locos ni descabellado pensar que algo similar podría estar ocurriendo en este contexto de nuestra bella y querida tierra istmeña. La crisis de la CSS es un tema delicado, con múltiples intereses en juego, desde sindicatos como sectores políticos y empresariales. Por ello cada uno de nosotros como ciudadanos y repito responsables, debemos estar alertas para identificar en tiempo oportuno cuando una protesta responde realmente a los intereses de los asegurados y cuando se trata de una maniobra de desestabilización disfrazada de lucha social.
Como ciudadanos debemos tener la necesidad de vigilancia en este escenario, el papel de cada individuo es clave para vivir en armónica colaboración internalizando la frase “EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ,” enunciada por Benito Juárez el 15 de julio de 1867 en un manifiesto dirigido a la nación mexicana. Esta expresión de Benito Juárez refleja la importancia del respeto mutuo entre individuos y sociedad como fundamento para alcanzar la paz y el desarrollismo social igual para todos. Con mi perspectiva de la verdad no pretendo criminalizar la protesta ni deslegitimizar el derecho a expresar el descontento y mucho menos promover callar la voz de nadie, sino proponer tolerancia, proponer exigir transparencia y rendición de cuentas tanto en la aplicación de la nueva Ley como en las movilizaciones y protestas en su contra.
Es imperativo que los ciudadanos afinemos el ojo crítico para identificar las motivaciones detrás de cada convocatoria y cuestionemos si los líderes de estas manifestaciones buscan verdaderamente el bienestar del sistema de seguridad social o si tienen otros intereses. La protesta es un derecho, pero también lo es la estabilidad del país y el derecho al libre tránsito de todos. Juntos todos tenemos la responsabilidad de aportar a la solución de los problemas y no ser el problema.
En conclusión, mi perspectiva de la verdad es que las protestas tras la sanción y publicación en Gaceta Oficial de la Ley 163 pueden ser legitimas en la medida en que representen una preocupación real de la población, pero también pueden ser utilizadas por sectores que solo buscan generar caos con otros fines. La clave para vacunarnos contra el virus del “TONTO ÚTIL” está en la participación informada y en rechazar cualquier intento de manipulación que ponga en riesgo la paz social y el futuro del sistema de seguridad social y actuar en concordancia a las acciones de todo buen padre de familia.
