La Comisión Interinstitucional que está encargada de coordinar el Plan de Acción para el Cierre Ordenado y Definitivo de la mina Cobre Panamá, sostuvo una reunión este lunes con miembros del Sistema de Naciones Unidas y agencias multilaterales, que están interesadas en acompañar al Estado panameño en el proceso.
Durante la reunión, efectuada en modalidad híbrida, las autoridades del país presentaron el esquema de primeros pasos, contenido en el Plan de Acción, y que incluye aspectos como la conformación del panel de expertos, la preservación ambiental del proyecto y las comunidades aledañas, auditorias, veeduría ciudadana, defensa ante arbitrajes y un plan de sostenibilidad económica post minería.
El encuentro, encabezado por Jorge Rivera Staff, ministro de Comercio e Industrias, contó con la participación de Doris Zapata, ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral; Milciades Concepción, ministro de Ambiente; asesores y directivos de la Dirección Nacional de Recursos Minerales y el Ministerio de Seguridad Pública. También estuvo presente Eduardo Ortega, secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
“Panamá está sentando las bases para llevar adelante este proceso, buscando el apoyo de expertos”, manifestó el ministro Rivera Staff durante una de sus intervenciones.
Como próximo paso se estima que la Comisión Interinstitucional coordine su participación en la ejecución de las líneas de acción del Plan, en especial las relacionadas al esquema de conformación participativa del panel de expertos y de los espacios de veeduría ciudadana, los cuales son fundamentales para la transparencia del proceso.
Por parte de los organismos internacionales asistieron Ana Patricia Graça, coordinadora residente de la Organización de Naciones Unidas (ONU), así como representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Programa De Las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAl), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).