El proyecto presentado por el ministro Felipe Chapman ante la Asamblea Nacional busca facilitar el acceso a la vivienda principal, promover la inversión y estimular la generación de empleo formal.
El Gobierno Nacional presentó ante el Pleno de la Asamblea Nacional un proyecto de ley que modifica el artículo 4 de la Ley 106 de 1974 y propone un nuevo esquema para el Impuesto a la Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) aplicable a la primera venta de determinadas viviendas nuevas.
La iniciativa, presentada por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, tiene como objetivo facilitar el acceso de las familias panameñas a una vivienda principal, al tiempo que busca incentivar la inversión privada, impulsar nuevos proyectos habitacionales y promover la generación de empleo formal.
Durante la presentación del proyecto, Chapman destacó que el acceso a una vivienda digna constituye un elemento fundamental para el desarrollo económico y social, al contribuir a la formación de patrimonio, la estabilidad familiar y la movilidad social.
También resaltó el impacto que tiene la actividad inmobiliaria sobre otros sectores de la economía, entre ellos la construcción, la industria de materiales, el comercio y los servicios profesionales y financieros.
Proponen exención sobre los primeros B/.120 mil
La propuesta contempla una exención sobre los primeros B/.120,000 de la base imponible correspondiente a la primera operación de venta de viviendas nuevas que cumplan con las condiciones establecidas en la legislación, independientemente del valor total de la transferencia.
Para las viviendas cuya base imponible sea superior a B/.120,000 y hasta B/.200,000, se plantea una escala tributaria preferencial que se aplicaría únicamente sobre el monto que exceda la suma exenta.
En los casos en que la base imponible supere los B/.200,000, se mantendría la exención de los primeros B/.120,000 y el monto restante quedaría sujeto al régimen general del impuesto.
De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, el diseño propuesto busca concentrar el beneficio tributario en segmentos de vivienda con mayor impacto social y evitar que un incremento en el valor de una propiedad implique la pérdida total del beneficio fiscal.
Buscan impulsar proyectos y empleo
El Ejecutivo explicó que, aunque legalmente el ITBI corresponde al vendedor, la estructura tributaria vinculada al desarrollo y comercialización de proyectos inmobiliarios puede incidir en las decisiones de inversión, los costos de construcción y la viabilidad de nuevos proyectos.
Estos factores, según el Gobierno, pueden tener repercusiones sobre el precio final de las viviendas y sobre la generación de empleos asociados a la actividad inmobiliaria y de construcción.
Propuesta para compensar impacto fiscal
La iniciativa también toma en consideración lo establecido en el artículo 276 de la Constitución Política, que dispone que, cuando una modificación tributaria afecte ingresos incorporados al Presupuesto General del Estado, deben establecerse nuevas rentas sustitutivas o incrementarse las existentes.
En este contexto, el Gobierno presentó paralelamente una propuesta para modernizar el régimen del Impuesto a la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS).
La iniciativa contempla incorporar determinadas operaciones realizadas mediante plataformas digitales y otros medios tecnológicos que actualmente no se encuentran regulados de manera expresa.
Según las estimaciones del MEF, el fortalecimiento de la recaudación derivada de estas operaciones permitiría compensar el impacto fiscal asociado al beneficio tributario planteado para la vivienda.
Vivienda, inversión y equilibrio fiscal
Con ambas propuestas, el Gobierno Nacional busca establecer un equilibrio entre el apoyo a las familias que aspiran a adquirir una vivienda principal y la necesidad de mantener condiciones favorables para la inversión y la generación de empleo.
El Ejecutivo sostiene que el nuevo esquema permitiría focalizar el beneficio tributario en la adquisición de viviendas nuevas, mientras se mantienen mecanismos para preservar la capacidad de recaudación del Estado y el equilibrio de las finanzas públicas.
El proyecto de ley deberá continuar ahora con el proceso legislativo correspondiente en la Asamblea Nacional.
