La Sala Primera Civil de la Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso de casación y por ende mantuvo un secuestro de $11 millones 31 mil 100 dólares a las constructoras Ingenieros Civiles Asociados Sociedad Anónima de Capital Variable S.A. (ICA) FCC Construcción S.A. y Constructora MECO, que llevaron a cabo los trabajos de ampliación del Canal de Panamá.
La decisión se dio mediante un fallo del 3 de octubre de 2023 de la Sala Civil, como parte de un proceso civil por daños y perjuicios interpuesto en el año 2013 por la empresa española Sonama S.A. y la panameña Sonama Panamá, ambas subcontratadas por el consorcio ICA-FCC-MECO para realizar trabajos de extracción de tierra en la ampliación de la vía interoceánica.
El fallo que favorece a la subcontratista española Sonama S.A. y a la panameña Sonama Panamá, tuvo como ponente a la magistrada Miriam Cheng, siendo avalado además por el magistrado Olmedo Arrocha. Mientras que la magistrada Ángela Russo salvó el voto al no estar de acuerdo con la decisión.
Los magistrados indicaron que los abogados del consorcio ICA-FCC-MECO no sustentaron las pruebas y tampoco identificaron con claridad la infracción en la que incurrió el Primer Tribunal Superior de Justicia al momento de ordenar el secuestro en primera instancia.
En el año 2010, Sonama S.A. y Sonama Panamá hicieron una inversión millonaria para realizar trabajos de extracción y movimiento de tierra en el proyecto de ampliación del Canal de Panamá.
Estas empresas de capital español fueron subcontratadas por el consorcio ICA-FCC-MECO, pero luego el consorcio incumplió el contrato y no terminaron los trabajos acordados. Por esa razón, en el año 2013 las compañías Sonama S.A y Sonama Panamá presentaron una demanda solicitando $25 millones por las afectaciones causadas por el consorcio.
El Primer Tribunal Superior de Justicia emitió un fallo de primera instancia en el que condenó al consorcio ICA-FCC-MECO a pagar $5 millones por daños y perjuicios. Sin embargo, Sonama S.A y Sonama Panamá presentaron un recurso de casación solicitando el pago de $25 millones.
A la fecha, el recurso de casación no ha sido resuelto por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia y transcurridos 10 años, el caso se encuentra en un limbo jurídico. Por el momento se mantiene el secuestro por más de $11 millones al consorcio ICA-FCC-MECO.
