El Consejo de Gabinete, encabezado por el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, autorizó a la ministra de Desarrollo Social (Mides), María Inés Castillo, a presentar ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley que amplía la protección de los adultos mayores.
Esta iniciativa modifica la Ley 36 de 2016, que amplía los derechos fundamentales de las personas mayores y hace efectiva una amplia política de Estado para garantizar su protección integral. Igualmente, responde a los grandes desafíos actuales del Estado y aborda la evolución y desarrollo en materia de protección de derechos a las personas mayores, tomando en cuenta el contexto socioeconómico y de desarrollo que experimenta nuestro país, y proponiendo un fortalecimiento institucional a largo plazo, que haga efectiva una amplia política de Estado en materia de protección de derechos a la población adulta mayor.
Este proyecto de ley también establece la gobernanza, estructura, objetivos y funciones del Instituto Nacional de la Persona Mayor; además de promover los Centros de Atención Integral, y favorece la participación política, civil, social, cultural, deportiva y económica de los adultos mayores.
La iniciativa beneficia a toda persona mayor de 60 años y más, panameña o extranjera residente en el territorio nacional.
En la última década, la población de adultos mayores en la República de Panamá se ha incrementado, así como también ha aumentado la expectativa de vida de los panameños, pasando de una expectativa de poco más de sesenta (60) años de vida a casi ochenta y cinco (85) años.
En la actualidad, Panamá pasa por la mayor transición demográfica de envejecimiento poblacional, que traerá consigo grandes retos para el Estado panameño en materia económica, social, de salud, cultural, demográfica, y en especial, de la aplicación de políticas sociales que permitan a las personas adultas mayores y sus familias, contar con normativas que promuevan y garanticen un pleno goce de derechos y bienestar en la vejez.
Desde la Declaración de Principios de las personas mayores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para el año 1999, y la implementación del Plan Madrid de Envejecimiento en el año 2000, a la actualidad, nuestro país ha adoptado de manera significativa la protección de garantías a este grupo etario, haciendo énfasis en las últimas normativas en la protección integral de los derechos fundamentales, garantizando una mejor calidad de vida dentro de nuestro ordenamiento jurídico, derechos protegidos en nuestra Constitución Política Nacional, en cuanto a su protección y dignidad.
Por consiguiente, el MIDES, como ente Rector de las Políticas Sociales en la República de Panamá, tiene el deber de garantizar a las personas adultas mayores, un instrumento normativo que amplíe, cada vez más, la protección integral de los derechos de las personas mayores y fortalezca los esfuerzos nacionales e internacionales que, en materia de derechos humanos, se vienen implementando y garantizando como lo es la promoción del pleno goce de derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, a la educación, a la vivienda, a la cultura, al trabajo, al esparcimiento, a la intimidad y a la integridad personal, así como lo es el de estar libre de todas las formas de violencia, manipulación, coacción o malos tratos en la etapa de la vejez.
